El pasado 14 de febrero, el Pleno del Consell designó seis nuevos presidentes de las Juntas Rectoras de los parques naturales de la Comunitat Valenciana. Por lo que respecta a L’Albufera, el nombramiento recayó en Carles Sanchis Ibor, doctor en Geografía y profesor de la Universidad de Valencia, investigador del Centro Valenciano de Estudios del Riego de la Universidad Politécnica, y miembro fundador de la Fundació Assut.
Las Juntas Rectoras son órganos colegiados de carácter consultivo en las que están representados los diferentes intereses sociales y económicos directamente implicados en la gestión activa de los Parques Naturales. A diferencia de los directores, los presidentes de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales no son cargos técnicos ni están remunerados. Los responsables desempeñan su labor de manera altruista.
Compromiso con el medio ambiente
La Conselleria es la que tiene competencias para la propuesta de candidatos a presidir la Juntas Rectoras de los Parques Naturales. Para ello se han seguido una serie de criterios, «como la implicación de los candidatos con el conocimiento y la protección del medio natural».
Las personas designadas para estos cargos forman parte de entidades ciudadanas comprometidas con el medio ambiente y pertenecientes al ámbito universitario, a asociaciones excursionistas, culturales, conservacionistas o vecinales, así como a perfiles que, a título personal, presentan un importante historial de vinculación, conocimiento y compromiso con la protección de un parque natural en concreto.
Junto a Sanchis Ibor, el Consell ha designado a Guillem Domingo en la Serra Calderona, Alberto Lillo en Columbretes, Josep Herrero en la Serra d’Espadà, Joan Barceló en la Serra d’Irta y Alejandro Escalada en las Salinas de Santa Pola. Según Medio Ambiente, «con estos nuevos nombramientos, se trata de impulsar un papel más activo y dinámico de las Juntas Rectoras, dando un mayor protagonismo a la sociedad civil y potenciando la creación de grupos de trabajo que promuevan iniciativas y propuestas y que fomenten la implicación de las entidades ciudadanas en la conservación, la gestión, y el desarrollo rural sostenible de las áreas protegidas».